La tensión entre el Gobierno de Evo Morales y la Corte Suprema de Justicia de Bolivia aumentó con más denuncias mutuas y el anuncio de los gobernadores opositores de reunirse el jueves para respaldar al Poder Judicial. Por su parte, sindicatos campesinos afines a Morales amenazaron con cercar el Congreso para forzar la aprobación de la nueva ley electoral si el proyecto no es tramitado por la mayoría opositora del Senado.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dijo que el Poder Judicial "fue repartido entre los viejos partidos de la derecha neoliberal del país" y eso explica, en su opinión, que no haya avances en los juicios contra ex autoridades acusadas de corrupción.Una comisión parlamentaria controlada por el oficialismo decidió la semana pasada abrir un proceso de investigación contra el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, por su presunta negligencia o retraso deliberado para juzgar a ex autoridades acusadas de corrupción. Uno de los casos que, según el Ejecutivo, no tiene avances es el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, imputado por genocidio tras las más de 60 muertes registradas en 2003.El presidente Morales ha pedido la renuncia de Fernández, e incluso su ministro de Defensa, Wálker San Miguel, ha advertido que el magistrado del tribunal debe ir a la cárcel, pese a que la investigación parlamentaria comenzó la semana pasada. "La Suprema no tiene que dilatar los juicios contra las autoridades que han cometido daños y crímenes en contra de los bolivianos", sostuvo García Linera.El presidente de la Suprema, Eddy Fernández, se defendió y aseguró que está cumpliendo con su trabajo y que no admite que se le acuse de hacer política al tomar sus decisiones. "Es absolutamente falso. Nunca ha habido jamás persona alguna o político que me haya amedrentado o que me haya presionado. Siempre he actuado libre en mi conciencia", dijo Fernández, al sostener que la "clase política" quiere controlar al Poder Judicial.Por otra parte, sindicatos campesinos afines al presidente Morales, amenazaron este martes con cercar el Congreso para forzar la aprobación de la nueva ley electoral si el proyecto no es tramitado por la mayoría opositora del Senado.La nueva Constitución boliviana, promulgada el pasado 7 de febrero, da al Congreso dos meses para que apruebe un nuevo código electoral que regule los comicios presidenciales y legislativos previstos para el próximo 6 de diciembre.
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