La Paz, 16 may (PL) La problemática creada por el asilo que otorgó Perú a ex ministros del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), marcó esta semana el panorama noticioso boliviano. En más de una ocasión el presidente, Evo Morales, pidió a su homólogo peruano, Alan García, la expulsión de los ex funcionarios, acusados aquí por genocidio.Morales también instó a García a cumplir sus propias normas de refugio político y sacar de su país a los delincuentes para que sean juzgados por la justicia boliviana.La posición de Lima podría afectar seriamente las relaciones diplomáticas con La Paz, dijo el mandatario en conferencia con la prensa extranjera acreditada en Bolivia, el pasado miércoles.En esa oportunidad, recordó que la política de asilo era aplicada para proteger derechos humanos, en cambio ahora García la usa para albergar a delincuentes, en alusión al beneficio otorgado a Jorge Torres, ex titular de Hacienda.El gobierno peruano también concedió la condición de refugiado a Mirta Quevedo, ex ministra de Participación Popular y actual líder de la alianza opositora Movimiento Nacionalista Revolucionario, y a Javier Torres, ex titular de Salud.Todos están acusados por el delito de genocidio durante las jornadas sangrientas de octubre de 2003.Ante tal actuación, Morales instó a García a respetar su legislación y a las víctimas de ese delito de lesa humanidad.Por su parte, el canciller boliviano, David Choquehuanca, anunció el pasado jueves la decisión de enviar al gobierno peruano antecedentes del también llamado octubre negro, para que recapacite en torno a su posición.Subrayó que el mundo y los organismos internacionales deben saber que se trata de una demanda de justicia y respeto al pueblo boliviano.En tal sentido, anunció que la misma información será cursada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con sede en Ginebra; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en La Paz.Estamos seguros que las autoridades peruanas no contaban con todos los datos sobre el citado hecho. Al conocerlos harán una valoración adecuada y revisarán su posición de proteger a tres de los acusados de genocidio, dijo Choquehuanca.La concesión de asilo en Lima a los ex ministros bolivianos tuvo lugar a poco más de una semana de la apertura de un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia contra Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos.El ex gobernante es acusado de la muerte de 67 personas y más de 400 heridos durante la represión a una manifestación social en 2003 en la ciudad de El Alto, recordada aquí como octubre negro.También están implicados en esos hechos los ministros de Defensa, Carlos Sánchez, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, ambos en Norteamérica.
