Nicaragua concede asilo a Pizango Lider Indigena Peruano

Nicaragua otorgó asilo político al líder indígena Alberto Pizango, quien se encuentra refugiado en la embajada nicaragüense en Lima, después de que Perú emitiera una orden de detención contra él.
"Lo que hay objetivamente (en Perú) es una violencia de carácter estrictamente política y Alberto Pizango se sintió perseguido, amenazado y por eso solicitó asilo", dijo el embajador nicaragüense en Lima, Tomás Borge, quien confirmó que su país acogerá al líder indígena.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aisedep) acudió a la embajada nicaragüense en Lima, luego de que el gobierno pidiera su arresto por los delitos de rebelión y sedición a raíz de las violentas protestas de los últimos días en tres regiones amazónicas.
"Pedimos la comprensión del gobierno peruano. ¿Qué alternativa teníamos? Pidió refugio este hombre y Daniel Ortega, con su singular y tradicional espíritu solidario, le otorgó el asilo", indicó Borge.
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Sólo nos han informado"
Lo que hay objetivamente (en Perú) es una violencia de carácter estrictamente política y Alberto Pizango se sintió perseguido, amenazado
Tomás Borge, embajador de Nicaragua en Lima
Sin embargo, para completar el proceso de asilo, Pizango debe contar con un salvoconducto para asilarse en la nación centroamericana, explicó el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, a medios locales.
"Primero, que me soliciten el salvoconducto porque no lo han solicitado, sólo nos han informado. Hasta el momento no tenemos ningún pedido de ninguna naturaleza", dijo García Belaunde.
Según la cancillería, el gobierno peruano tiene la última palabra a la hora de entregar estos permisos.
El ministro también dijo que otros países le habían negado el pedido a Pizango, pero no precisó cuáles, informó la agencia estatal Andina.
Lea: Los decretos de la discordia

Protestas y apoyo
La decisión del gobierno de Daniel Ortega provocó protestas y manifestaciones de apoyo en Lima y La Paz.
En la capital peruana, decenas de personas se concentraron frente a la embajada de Nicaragua para criticar el asilo político al líder indígena.
Los manifestantes acusaron a Pizango de ser responsable de las muertes ocurridas en Bagua en los últimos días.
En La Paz, Bolivia, un grupo de activistas indígenas se simpatizaron con Pizango y pidieron al gobierno de Alan García retirar su orden de detención.
Derechos Humanos
Mientras, numerosas organizaciones peruanas han acusado al gobierno de García de ocultar la verdad acerca de los choques entre policías e indígenas, informó el corresponsal de la BBC en Perú, Dan Collyns.
Las autoridades deberían tener cuidado, porque los hechos ocurridos saldrán a la luz antes o después
Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal
Un equipo de abogados de seis grupos defensores de los Derechos Humanos llegó a la región, donde ya se contabilizaron 50 personas muertas, para investigar los actos violentos.
"Las autoridades deberían tener cuidado, porque los hechos ocurridos saldrán a la luz antes o después", advirtió Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal.
De la Jara pidió al gobierno que comience una investigación judicial independiente y denunció que algunos periodistas y activistas no pudieron ejercer libremente su trabajo.
Otras organizaciones no gubernamentales, como Amazon Watch o Amnistía Internacional, pidieron a la policía peruana hacer "un uso proporcional de la fuerza".

Encuesta Ipsos: Un 67,3% de los chilenos se siente afectado por la crisis económica

Además, un 33,5% de los consultados indicó que su principal temor frente a la situación financiera actual es perder su empleo.
SANTIAGO.- La última encuesta Ipsos reveló que un 67,3% de los chilenos ha sentido los efectos de la crisis económica internacional en su día a día, mientras que un 32,5% sostuvo que no ha notado consecuencias de la situación financiera en su vida cotidiana.Este resultado representa un incremento de un 5% respecto al medición de abril, cuando un 62,3% dijo sentirse afectado.Dentro de las dimensiones consideradas para evaluar el nivel de impacto de la crisis en los hogares chilenos, el sondeo mostró que el principal temor de la ciudadanía es perder su empleo con un 33,5%, seguido por el miedo a ver reducido el presupuesto familiar (20,1%) y no poder cumplir con los compromisos financieros y deudas (14,6).Al consultar a los entrevistados respecto a cómo es su situación económica actual comparada con la que tenían hace un año, el 49,9% indicó que es igual a la que tenían hace doce meses, mientras que un 34,1% aseguró que está peor, y un 14,8% afirmó que sus finanzas domésticas mejoraron.La medición también evaluó las expectativas de los chilenos frente a la crisis, ante lo cual un 46,8% afirmó que espera que dentro de un año la situación financiera esté mejor que ahora, seguido por un 37,1% que indicó que estará en las mismas condiciones, y por un 11.1% que afirmó estar convencido de que las cosas empeorarán.Además, un 67,3% de los consultados aprueba el manejo económico del Gobierno, al tiempo que un 27.7% lo desaprueba.

Peruanos Mercenarios en Irak

Aunque ha visto morir a compañeros de trabajo por el fuego de la resistencia iraquí cuando estuvo en la meridional ciudad de Basora, Solano apretó los dientes y se dijo: "Necesito el dinero". Ahora se va a Bagdad.

Iraq fue invadido por Estados Unidos en marzo de 2003. Desde entonces permanece ocupado por el ejército de ese país, situación que dio pie a una combinación de acciones violentas de resistencia, insurgencia, sectarismo, terrorismo, crimen organizado y simple delincuencia.

Solano es corpulento, de 1,80 metros de altura, 46 años de edad y miembro de una familia numerosa. Forma parte de un nuevo contingente de ex militares y policías peruanos que por una paga individual de 1.000 dólares mensuales permanecerán un año en Iraq protegiendo instalaciones estadounidenses.

"Aquí gano 200 dólares mensuales y sólo cuando hay trabajo", relata Solano a IPS. El es un veterano de la guerra contra la insurgencia librada en Perú entre 1980 y 2000. "Tengo cuatro hijos. Soy un experto en armas y estoy entrenado para la guerra. Por eso tengo que ir donde hay guerra", explica.

A pesar de las críticas a un sistema de reclutamiento que se aprovecha del desempleo y de los bajos sueldos en Perú, la compañía estadounidense Triple Canopy continúa contratando a ex miembros de las fuerzas de seguridad para enviarlos a Iraq.

Es tan amplia y barata la mano de obra disponible que la contratista norteamericana ha constituido una sucursal en Lima, TCLA Internacional, bajo la conducción de los estadounidenses Jay Franklin Bryant, Armand Leon Gadoury y Herbert Terrence Williams.

Con anterioridad, la selección y reclutamiento estaba a cargo de otra compañía, Defion Internacional. Pero Triple Canopy ha decidido asumir la tarea a nombre propio, dice a IPS el gerente general de TCLA, Hugo Cobos.

"Ya no tenemos ningún vínculo con Defion. Esta es una compañía completamente nueva", explica Cobos, si bien evita ofrecer mayores detalles de sus actividades.

"Es política de la empresa que para entregar información debe ser requerida de manera oficial. Usted envíenos una carta con las dudas que quiera que aclaremos y nosotros la trasladamos a la central en Estados Unidos y ellos serán los que le contesten. A lo sumo se demorarán una semana en responderle", afirma.

Pero a pesar de que IPS siguió esas indicaciones, no obtuvo respuesta.

Las autoridades peruanas calculan que desde 2005 al menos unas 1.600 personas han sido contratadas y despachadas por empresas estadounidenses a Iraq y Afganistán, otro país ocupado por Estados Unidos. Pero se trata de una cifra aproximada porque esas compañías no están obligadas a informar de sus actividades.

"En el Ministerio de Relaciones Exteriores no contamos con un registro de los peruanos que han dejado el país para trabajar como miembros de seguridad en Iraq o en alguna otra zona en conflicto", reconoce a IPS el ministro Enrique Bustamante, jefe de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior.

"Para contar con un registro, las empresas contratistas o los viajantes nos deben entregar información de manera voluntaria. No existe ninguna norma jurídica que los obligue", sostiene.

Solano permaneció en Basora entre el 5 de diciembre de 2005 y el 18 de enero de 2007. "El acuerdo era el siguiente: me daban 100 dólares y a mi familia los restantes 900 dólares", describió.

"Pasé días muy tensos, muy peligrosos, fui testigo de los ataques con morteros de la resistencia iraquí, vi a compañeros de otros países muertos por los proyectiles y a colegas peruanos seriamente heridos", relató.

"Pero ya se me acabó el dinero que ahorré, me he presentado y me han dicho que tenga listos mis papeles porque está preparándose un nuevo contingente para viajar", agrega. "Sí, como la primera vez, trabajaré para Triple Canopy. No me puedo quejar, a mí me fue muy bien".

El ex militar es hermano de Norberto Solano, jugador de fútbol que es estrella de la liga inglesa y parte de la selección nacional del Perú.

"Mi hermano es millonario y le gusta el fútbol. Yo no soy millonario, soy militar, me gusta la guerra y necesito el dinero", insiste.

Los reclutadores de Triple Canopy no dudaron en contratarlo apenas revisaron su expediente: había servido en el ejército entre 1978 y 1986, y contaba con amplia experiencia en combate. Participó en el conflicto fronterizo con Ecuador, en 1995, y en las operaciones contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso en los años 80.

"Salí del ejército porque tenía familia y la paga era muy escasa. Trabajé en distintas empresas de seguridad durante años. Hice de supervisor y de instructor, pero cuando acabó el periodo de la guerra contra el terrorismo, ya no había mucho trabajo. Estuve sin empleo. Hasta que me enteré por unos amigos que estaban reclutando gente para Iraq", recordó.

"Mi familia me rogó que no me arriesgara. Las noticias que llegaban eran alarmantes. Pero era una ocasión que no podía dejar pasar. Valía la pena jugarse el pellejo".

Algunos de los peruanos que regresaron heridos protestaron por falta de atención médica y de indemnizaciones. Según la copia de un contrato al que tuvo acceso IPS, el contratado acepta que cualquier reclamo debe litigarlo ante el juzgado del distrito de Fairfax, en el estado estadounidense de Virginia. Podría ser imposible para el quejoso afrontar el pago de un abogado en ese país.

"Lo que estamos proponiendo es que los reclutas se inscriban voluntariamente para tener una idea de cuántos están afuera, dónde los podemos contactar, tener un registro de sus familiares aquí y no esperar que pase una desgracia para actuar", dijo el ministro Bustamante.

Si se ignora cuántos peruanos se han embarcado en guerras ajenas, menos se sabe cuántos han sido heridos o cuántos de ellos han recibido alguna compensación o pago de seguro médico pues, además, el contrato que firman tiene una cláusula de confidencialidad.

En enero, una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios, encabezada por la relatora Amada Benavides de Pérez, dijo a IPS que había recibido reportes de que los peruanos no cumplían simples actividades de seguridad, sino que eran entrenados para disparar y a veces han usado sus armas.

El ministro Bustamante se cuida de llamar mercenarios a los peruanos "porque a ellos se les contrata como seguridad. Es temerario usar ese término a quienes van a cuidar instituciones. ¿Acaso aquí llamamos mercenarios a los que trabajan como seguridad sólo porque usan armas y tienen carros blindados?".

Tampoco se podría impedir esta actividad ni prohibir a los peruanos trabajar en zonas de guerra. "Nosotros como Estado no podemos decidir. La persona en el ejercicio de su libertad laboral asume su propio riesgo y el Estado no puede adoptar medidas que vayan contra su voluntad", justifica.

"Durante mi permanencia en Basora recibimos cerca de 450 ataques con mortero. Teníamos fusiles M-4 y AKM y ametralladoras M-240. Por lo general hacíamos disparos disuasivos. Había mucha tensión, sobre todo cuando impactaban los morteros del enemigo. Teníamos una sensación espantosa de encierro. Había miedo todos los días", afirma Solano.

Uno de los casos más graves fue el de Richard Misarayme, de 24 años. "Rezamos por él porque parecía que se moría. Pero se salvó", recuerda.

¿Qué hizo con los 12.000 dólares de su paga en Basora?, le pregunta IPS.

"Construí una casa para mi familia y le pagué los estudios a mis hijos", responde. "Era una verdadera fortuna, y no todos los días tienes la suerte de contar con ese dinero. Me habría tardado muchos años en juntarlo. Por eso regresaré a Iraq. Yo vivo de la guerra, y mientras haya guerra, viviré de ella".

Fotos gentileza de Norman Solano.(FIN/2007)

Bolivia pedirá a Brasil evitar refugio de bolivianos vinculados a masacre de indígenas

El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, instó el 8 al gobierno de Brasil actuar en el marco de la justicia y los tratados internacionales en el caso de los bolivianos que se fueron al país vecino vinculados a la masacre de indígenas en el Porvenir, Pando, hecho ocurrido el 11 de septiembre del año pasado.

"La Cancillería va hacer una entrega de información pertinente y esperemos que -en función de ello- (en Brasil) adopten medidas en justicia... Esperemos que haya una actitud en correspondencia a los preceptos del respeto de los Derechos Humanos y también de las normas que regulan la convivencia entre bolivianos", sostuvo la autoridad.

La declaración surgió a raíz de publicaciones de medios periodísticos que indicaron que el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil otorgó asilo político a 118 bolivianos, supuestamente implicados en el caso de El Porvenir.

El cónsul de Bolivia en Brasilea, José Luis Méndez, en contacto con radio Patria Nueva, dijo que "no tenemos mayores informaciones oficiales, este es un tema que está siendo tratado a través de la Embajada de Bolivia en el Brasil y en coordinación con la Cancillería boliviana".

El diplomático boliviano también hizo referencia a un artículo de prensa. "Debo aclarar sobre algunas informaciones que ha hecho públicas el periódico La Prensa, del domingo 7 de junio, sobre algunas informaciones que yo no he proporcionado y me han tergiversado", protestó el representante.

Negó que hubiese señalado que el Consulado en Brasil no cuenta con recursos económicos para atender a los refugiados y que "hubiese mencionado que instituciones religiosas pudieran estar dando atención a los denominados, si es que se los puede llamar refugiados".

Aclaró que no afirmó que hubiese mantenido contacto permanente con el Comando Amazónico asentado en Cobija y autoridades de la Prefectura, "hice saber que tuvimos fluidas relaciones con el Comando amazónico en el Brasil y con autoridades de Brasilea, para frenar y controlar el tema de tráfico ilegal de estupefacientes, tráfico de armas".

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo a los periodistas que el Gobierno solicitará un informe sobre la presunta concesión de asilo al Ejecutivo brasileño, mediante la Cancillería. (Xinhua)

Gobierno Peruano Debe responder Por Actos De Violencia en Selva Amazonica

Lima. Con el toque de queda, volvió la calma a la región de Bagua, escenario de sangrientos enfrentamientos que comenzaron con la represión a un grupo de indígenas que bloqueaban una ruta y culminaron con una toma colectiva de rehenes, hechos que dejaron al menos 31 muertos, según el gobierno. En tanto, el líder indígena Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia (Aidesep), desapareció tras decretar el Poder Judicial una orden de busca y captura contra él. Pizango lidera desde hace dos meses las protestas para pedir la derogación de varios decretos que promueven el establecimiento de empresas madereras y petroleras en la zona. Los indígenas sostienen que de esa forma se ponen en riesgo sus derechos ancestrales sobre las tierras que ocuparán las empresas y se contaminará el ambiente. "El autor intelectual, el agitador y cobarde ha huido, seguramente buscando que lo protejan en Bolivia, pero la mano de la Justicia tiene que llegar sobre él y los autores materiales de la masacre", apuntó la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. "Es una información que nosotros hemos recogido. Esta fuga se habría dado hacia el sur", aseveró. Sin embargo, el vocero del gobierno boliviano, Iván Canelas, dijo no tener información de que Pizango se encuentre escondido o refugiado en su país. Aidesep como el gobierno se acusan mutuamente de la responsabilidad en la ola de violencia desatada el viernes cuando la policía intervino para desbloquear una carretera vital en la región del Amazonas, en el punto llamado "Curva del Diablo". Aidesep asegura que los nativos muertos en las refriegas son no menos de 30, y su vocero Shapión Noningo Sesén, que dijo desconocer el paradero de Pizango, denunció que al mediodía de ayer "muchos cadáveres" seguían sin ser retirados de las afueras de Bagua. Pero el hecho que más criticó el gobierno fue el posterior secuestro de 38 agentes de policía que intentaban desalojar una estación de bombeo en Imazita ocupada por los indígenas. El gobierno sostuvo ayer que nueve de esos policías fueron asesinados a sangre fría por los indígenas, aparentemente antes de que se produjera el operativo de rescate, cuando los rehenes dialogaban con sus captores en busca de una solución. Además, había un agente herido de gravedad, tres desaparecidos y 25 que fueron rescatados, según el jefe de la Policía Nacional del Perú

Paraguay Acusa a Bolivia sobre ingreso de grupo armado boliviano

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Héctor Lacognata, dijo hoy que el Gobierno de Asunción se pronunciaría este martes sobre el ingreso desde Bolivia de un grupo armado para detener a una persona en territorio paraguayo.
"Hay versiones contradictorias, que nosotros necesitamos cotejar en este momento y una vez que tengamos toda la información se estará tomando una decisión en ese sentido", afirmó Lacognata a periodistas al referirse a la incursión armada desde el vecino país, ocurrida el 17 de mayo pasado.
El ingreso de una veintena de hombres armados tomó estado público la semana pasada tras la denuncia realizada por el comerciante Ángel Cabrera, un poblador de la localidad fronteriza de Infante Rivarola, 750 kilómetros al noroeste de Asunción, en la región del Chaco paraguayo.
Cabrera denunció ante el III Cuerpo de Ejército, con sede en Mariscal Estigarribia, 550 kilómetros al noroeste de Asunción, que los hombres armados se adentraron 30 kilómetros en persecución de dos paraguayos que habrían cometido actos ilícitos en territorio boliviano.
Los atacantes, unos 20, que no portaban uniformes pero sí armas de uso militar, ingresaron a la hacienda de Sabino Escobar, a bordo de dos camionetas y se llevaron a uno de los perseguidos, con la presunta colaboración de un militar paraguayo del destacamento de Infante Rivarola.
"Estamos en actitud de requerir a nuestros vecinos el respeto de todas las pautas, acordes con el derecho internacional y en este caso con Bolivia va a ser a la altura de la defensa de nuestra soberanía", señaló Lacognata, quien dijo que hay fluida conversación con las autoridades bolivianas sobre el asunto.
El presidente boliviano, Evo Morales, se comunicó por teléfono con su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, el pasado jueves cuando éste estaba en Cuba de visita oficial para aclararle que ningún efectivo policial o militar de su país participó en el hecho y lo atribuyó "a civiles armados que se dedican a ilícitos de frontera", según un comunicado de la Presidencia paraguaya.
Sin embargo, el vicepresidente paraguayo, Federico Franco, quien estaba en ejercicio de la Presidencia, se reafirmó en la información brindada por el comandante de las Fuerzas Militares, Cíbar Benítez, al asegurar que éste oficial le brindó "un informe detallado luego de ir hasta el lugar de los hechos".

Brasil Refugia Bolivianos Perseguidos

El Gobierno de Bolivia afirmó hoy que aún no tiene información oficial sobre el refugio concedido en Brasil a 118 ciudadanos de la región de Pando que huyeron del país el año pasado en medio del conflicto en esa región amazónica.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró a Efe que el Gobierno boliviano solicitará un informe sobre la concesión de asilo al Ejecutivo brasileño "por los canales correspondientes, es decir, la cancillería".
Portavoces del Ministerio de Justicia brasileño confirmaron ayer que el Comité Nacional de Refugiados de ese país (Conare) aprobó la solicitud de los 118 ciudadanos bolivianos en virtud de que existía un "fundado temor" de persecución política.
Los beneficiarios del asilo atravesaron la frontera en septiembre del año pasado hacia diferentes localidades del estado brasileño de Acre, limítrofe con Pando, cuando esa región fue escenario de violentos enfrentamientos entre opositores y partidarios del Gobierno del presidente Evo Morales.
Pese a la falta de confirmación oficial, en Bolivia se han producido ya repercusiones sobre la decisión brasileña.
Parlamentarios del oficialismo cuestionaron los criterios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para otorgar asilo político, mientras que los de la oposición manifestaban su esperanza de que este hecho no afecte a las relaciones bilaterales.
Además de los pandinos asilados en Brasil, Perú ha dado recientemente refugio a tres ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusados de "genocidio" en Bolivia por la muerte de más de 60 personas en la represión a una ola de protestas en 2003 durante el llamado "Octubre Negro".
El propio ex presidente Sánchez de Lozada y dos de sus ex ministros viven en Estados Unidos desde octubre de 2003, mientras que otro de sus colaboradores, el ex titular de Educación Hugo Carvajal, se encuentra en España.
"Si se da este hecho, ACNUR está protegiendo a asesinos, a violadores de derechos humanos de los países", apuntó el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico, en declaraciones recogidas por el diario paceño La Razón, en las que sugirió una revisión de la conveniencia de esta relación con esta entidad.
Por su parte, el diputado de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos) por Pando, Felipe Tenorio, abogó en declaraciones a La Razón por que el presidente Evo Morales "no busque la confrontación con este país (Brasil) por este tema, como lo hizo con el Gobierno peruano de Alan García" por el asilo de los tres ex ministros.
El senador opositor pandino Paulo Bravo se mostró convencido de que "Brasil no ha dado refugio a asesinos ni masacradores", sino a "ciudadanos que se sienten perseguidos por este Gobierno y que no encuentran justicia" en su país.

Bolivia rechaza acusaciones en Perú sobre injerencia

LA PAZ
El gobierno boliviano rechazó comentarios del embajador peruano sobre una supuesta injerencia en asuntos de Perú tras la violencia desatada en la amazonia de ese país que ha provocado 31 muertos y decenas de heridos.
"Es un acto incorrecto y desesperado de tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos de Perú, no existe ninguna acción de injerencia", dijo a periodistas el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce.
El embajador peruano en La Paz, Fernando Rojas, calificó como "intervención" en asuntos de su país los comentarios de la ministra de Justicia boliviana Celima Torrico quien responsabilizó al gobierno de Alan García por las muertes de indígenas en la amazonia peruana.
"Hubo declaraciones oficiales, incluso de ministros, que se refirieron con bastantes calificativos y mucha dureza sobre estos hechos (en Perú) con informaciones que no fueron contrastadas. Esas declaraciones son intervención en asuntos internos peruanos", dijo Rojas a la emisora Erbol.